CISA ha utilizado distintas modalidades de gestión social para dar nuevos usos a inmuebles estatales, beneficiando a hogares, organizaciones y comunidades en diferentes territorios de Colombia.
Un inmueble del Estado puede ser mucho más que una propiedad registrada en un inventario.
Puede convertirse en una vivienda formalizada. En una solución habitacional. En un espacio para una organización comunitaria. O incluso en una oportunidad para que una familia que durante años ocupó un predio pueda finalmente regularizar su situación.
Ese es uno de los capítulos menos conocidos del balance de gestión de la Central de Inversiones S.A. (CISA) para el período 2022-2025.
Desde 2023, la entidad implementó una Ruta de Gestión Social que integra tres mecanismos: arriendo social, cesión a título gratuito y venta directa a ocupantes. De acuerdo con la información suministrada por CISA, esta estrategia ha beneficiado a 830 hogares y cinco organizaciones sociales.
La historia, entonces, no se trata únicamente de inmuebles.
Se trata de qué puede ocurrir cuando un activo público encuentra una utilidad social.
De un inmueble estatal a una oportunidad
La Ruta de Gestión Social nació, según la nota de CISA, como una estrategia para movilizar inmuebles y generar valor compartido.
Su propósito está relacionado con situaciones en las que hogares u organizaciones sociales tenían una relación con inmuebles del Estado y requerían alternativas para resolver su situación.
La estrategia contempla diferentes caminos dependiendo de cada caso: arriendo social, cesión a título gratuito y venta directa a ocupantes.
Esto resulta relevante porque no todos los inmuebles ni todas las situaciones pueden abordarse de la misma manera.
La gestión social descrita por CISA parte precisamente de esa diversidad.
30 hogares y 624 personas encontraron una solución mediante el arriendo social
Uno de los mecanismos implementados fue el programa de arriendo social.
Según el balance, 30 hogares y 624 personas en Bogotá, Santa Marta y Pacho, Cundinamarca, lograron acceder a soluciones concertadas para el uso de inmuebles del Estado.
Uno de los casos destacados por la entidad ocurrió en Pacho, donde la Hacienda Cuernavaca fue entregada a organizaciones dedicadas a la educación comunitaria, la construcción de paz y la seguridad alimentaria.
En Bogotá, otro caso tuvo como protagonista a un adulto mayor que llevaba seis décadas ocupando un inmueble estatal y cuya situación habitacional fue regularizada.
Son historias diferentes, pero tienen algo en común: el inmueble dejó de ser visto únicamente desde su condición de activo y pasó a ser gestionado teniendo en cuenta su posible utilidad para las personas y comunidades involucradas.
Cuando tener una vivienda también significa tener seguridad jurídica
Otro de los componentes de la Ruta de Gestión Social fue la formalización.
CISA reportó la transferencia de 53 inmuebles, beneficiando a 697 hogares y 1.394 personas que, según la nota, durante años carecieron de seguridad jurídica sobre los predios que habitaban.
Aquí aparece una dimensión que suele pasar inadvertida cuando se habla de vivienda: no basta con ocupar un inmueble; también importa contar con seguridad jurídica sobre él.
La formalización permite abordar precisamente esa situación, de acuerdo con la información entregada por CISA.
Y nuevamente, el activo estatal adquiere una dimensión que va más allá de su valor como propiedad: puede convertirse en un mecanismo para resolver una situación que llevaba años sin una solución definitiva.
La venta directa también abrió otra posibilidad
La estrategia incluyó además la venta directa a ocupantes.
Mediante este mecanismo, CISA reportó beneficios para 69 hogares y 311 personas, facilitando su acceso a subsidios, crédito formal y programas de mejoramiento habitacional.
La importancia de este proceso está en que la gestión del inmueble puede conectar con otras herramientas de acceso y mejoramiento de vivienda.
No se trata solamente de transferir una propiedad. Según la información de la entidad, la venta directa a ocupantes también facilitó el acceso a otros programas y mecanismos relacionados con la vivienda.
Santa Marta: vivienda transitoria con perspectiva de género
La Ruta de Gestión Social también tuvo una experiencia particular en Santa Marta.
Allí se implementó un proyecto de vivienda transitoria que benefició a 29 hogares y que, además, buscó fortalecer el trabajo de las mujeres.
La iniciativa combinó el acceso a vivienda digna con redes comunitarias de apoyo, mediante el reúso de inmuebles y con una perspectiva de género.
El caso muestra otra dimensión de la gestión social de los inmuebles: encontrar nuevos usos para propiedades estatales puede estar acompañado de estrategias diseñadas alrededor de las necesidades específicas de las comunidades.
La discusión sobre los bienes del Estado suele quedarse en su valor económico.
¿Cuánto vale un inmueble? ¿Dónde está? ¿Quién lo administra? ¿Qué se puede hacer con él?
Pero hay otra pregunta que resulta igual de importante:
¿Qué valor puede generar ese inmueble si se utiliza para responder a una necesidad concreta?
La experiencia reportada por CISA permite observar esa segunda dimensión.
La Hacienda Cuernavaca se vinculó con organizaciones sociales. Un inmueble ocupado durante seis décadas por un adulto mayor pudo regularizar su situación habitacional. Decenas de hogares accedieron a mecanismos de formalización o venta directa. Y en Santa Marta, un proyecto de vivienda transitoria incorporó redes comunitarias y perspectiva de género.
En todos esos casos hay un elemento común: el inmueble estatal fue gestionado buscando una utilidad social concreta.
La gestión no ocurrió solamente desde un escritorio
Otro aspecto relevante de la estrategia es que CISA reporta haber desarrollado procesos y espacios de diálogo con comunidades, hogares y organizaciones sociales.
Según la entidad, estos espacios permitieron consolidar la Ruta de Gestión Social como un modelo de concertación transparente para el aprovechamiento social de los bienes públicos.
Este punto cambia la manera de entender la gestión de un activo público.
No se trata únicamente de identificar un inmueble y decidir qué hacer con él. La estrategia descrita incorpora diálogo con quienes están relacionados con esos bienes y busca construir alternativas de aprovechamiento social.
¿Por qué esto importa para el Estado?
Porque administrar un inmueble público no termina necesariamente en conservarlo dentro de un inventario.
El balance de CISA plantea otra posibilidad: movilizar esos activos para generar soluciones y oportunidades.
La entidad reportó que, entre 2022 y 2025, sus activos bajo administración aumentaron 44,75 %, hasta alcanzar $411.147 millones.
En paralelo, la Ruta de Gestión Social permitió desarrollar diferentes alternativas alrededor de los inmuebles: arriendo social, cesión a título gratuito, venta directa a ocupantes y formalización.
La lectura empresarial de este proceso es interesante: un activo público puede tener valor financiero, pero también puede tener valor social.
Y ambos conceptos no necesariamente tienen que competir.
Una nueva forma de mirar los bienes públicos
El balance de CISA presenta precisamente esa idea bajo el concepto de valor compartido: el fortalecimiento financiero de la entidad estuvo acompañado por una apuesta para ampliar su impacto social mediante estrategias de movilización de inmuebles.
En ese sentido, los 830 hogares y cinco organizaciones sociales beneficiados por la Ruta de Gestión Social son más que una cifra dentro de un informe. Son el resultado de una forma distinta de mirar los bienes públicos: no únicamente como propiedades que deben administrarse, sino como activos que pueden encontrar nuevos usos cuando existen necesidades concretas en los territorios.
La pregunta que queda
La historia de estos inmuebles deja una pregunta que va más allá de CISA:
¿Cuántos bienes públicos podrían generar más valor si, además de preguntarnos cuánto valen, nos preguntáramos para qué pueden servir?
El balance 2022-2025 muestra que algunas propiedades estatales pueden terminar convertidas en vivienda, formalización, espacios para organizaciones sociales o soluciones transitorias.
No porque hayan dejado de ser activos públicos.
Precisamente porque su condición de activos públicos puede permitir que encuentren una utilidad que trascienda su valor económico.
Y quizá ahí está la verdadera discusión sobre el patrimonio del Estado: no solo cuánto tiene, sino qué puede hacer con aquello que ya posee para generar valor para la sociedad.
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