El caso de Hacienda Cuernavaca, en Pacho, muestra cómo CISA vinculó un inmueble estatal con organizaciones dedicadas a la educación comunitaria, la construcción de paz y la seguridad alimentaria.
Cuando se habla de los bienes del Estado, la primera idea suele estar relacionada con su valor económico: cuánto cuesta un inmueble, quién lo administra o qué se puede hacer con él.
Pero existe otra pregunta que pocas veces aparece en la conversación:
¿Qué pasa cuando un inmueble público puede convertirse en una herramienta para responder a necesidades de una comunidad?
La experiencia reportada por la Central de Inversiones S.A. (CISA) con la Hacienda Cuernavaca, en Pacho, Cundinamarca, plantea precisamente esa posibilidad.
Según el balance de gestión 2022-2025 de la entidad, este inmueble fue entregado a organizaciones dedicadas a la educación comunitaria, la construcción de paz y la seguridad alimentaria.
No es solamente la historia de un inmueble.
Es la historia de cómo un activo público puede adquirir una utilidad social cuando se conecta con las necesidades y capacidades de un territorio.
El inmueble que encontró otra utilidad
La Hacienda Cuernavaca aparece dentro de la Ruta de Gestión Social implementada por CISA desde 2023.
De acuerdo con la información suministrada por la entidad, esta ruta contempla mecanismos como arriendo social, cesión a título gratuito y venta directa a ocupantes, y ha beneficiado a 830 hogares y cinco organizaciones sociales.
Dentro de ese conjunto de acciones está el caso de Pacho.
La Hacienda Cuernavaca fue entregada a organizaciones que trabajan en tres áreas específicas:
- Educación comunitaria.
- Construcción de paz.
- Seguridad alimentaria.
La nota no entrega detalles adicionales sobre cada organización ni cuantifica el impacto específico que tuvo el inmueble en cada una de esas actividades.
Y esa precisión importa.
Lo que sí permite contar el documento es que CISA vinculó este inmueble estatal con organizaciones cuyo trabajo está relacionado con esas tres áreas.
Cuando el valor de un inmueble no se mide solamente en pesos
Aquí aparece una discusión empresarial interesante.
Un inmueble es un activo.
Pero los activos pueden generar diferentes tipos de valor.
En su balance, CISA señala que el fortalecimiento financiero de la entidad estuvo acompañado por una apuesta para ampliar su impacto social mediante estrategias innovadoras de movilización de inmuebles y generación de valor compartido.
La experiencia de Hacienda Cuernavaca puede entenderse dentro de esa lógica.
El inmueble continúa siendo un bien público, pero su gestión busca vincularlo con una utilidad para organizaciones y comunidades.
Es una manera distinta de pensar el patrimonio estatal.
¿Qué significa “valor compartido” en este caso?
La expresión puede sonar empresarial, pero detrás existe una idea sencilla:
un activo puede generar valor económico y, al mismo tiempo, tener una función social.
El balance de CISA presenta justamente esa combinación como parte de su gestión durante 2022-2025.
La entidad reportó, por un lado, crecimiento de sus indicadores financieros.
El patrimonio pasó de $222.582 millones en 2022 a $263.917 millones en 2025, un crecimiento de 18,57 %.
Los ingresos crecieron 57,59 %, mientras que la utilidad neta aumentó 167,43 %, hasta alcanzar $30.679 millones en 2025.
Y, al mismo tiempo, la entidad reportó iniciativas de gestión social relacionadas con inmuebles, vivienda y formalización.
La pregunta interesante es si ambas dimensiones pueden coexistir.
La nota de CISA plantea que sí.
Cinco organizaciones y 830 hogares
El caso de Hacienda Cuernavaca no está aislado.
CISA señala que su Ruta de Gestión Social ha beneficiado a 830 hogares y cinco organizaciones sociales desde su implementación en 2023.
Ese dato ayuda a dimensionar la estrategia.
No estamos hablando únicamente de una operación puntual con un inmueble.
Estamos hablando de una ruta de gestión que, según la entidad, utiliza diferentes mecanismos para movilizar inmuebles y generar valor compartido.
Entre las alternativas se encuentran:
Arriendo social, mediante el cual CISA reportó soluciones concertadas para 30 hogares y 624 personas en Bogotá, Santa Marta y Pacho, Cundinamarca.
Cesión a título gratuito y otras acciones de formalización, dentro de las cuales la entidad reportó la transferencia de 53 inmuebles, beneficiando a 697 hogares y 1.394 personas.
Venta directa a ocupantes, que según el balance benefició a 69 hogares y 311 personas, facilitando su acceso a subsidios, crédito formal y programas de mejoramiento habitacional.
El caso de Hacienda Cuernavaca forma parte de esa mirada más amplia.
El punto ciego: ¿cuánto vale realmente un activo público?
Aquí aparece una pregunta que va más allá del caso de CISA.
Cuando el Estado administra un inmueble, es fácil pensar en su valor desde una perspectiva patrimonial.
Pero ¿qué ocurre si ese mismo inmueble puede servir para desarrollar actividades que benefician a una comunidad?
La nota no ofrece una valoración económica de Hacienda Cuernavaca ni permite determinar cuánto valor financiero generó su entrega a las organizaciones.
Por eso, sería incorrecto afirmar que el inmueble produjo determinado ahorro, rentabilidad o retorno económico.
Lo que sí podemos afirmar es que CISA reportó su entrega a organizaciones dedicadas a educación comunitaria, construcción de paz y seguridad alimentaria.
Y esa utilización introduce otra forma de medir el valor de un activo público.
Del patrimonio a la comunidad
La gestión de los bienes estatales suele tener una dimensión administrativa.
Hay inventarios, información, registros y decisiones sobre el uso de los activos.
Pero cuando esos bienes se conectan con organizaciones sociales, aparece una dimensión adicional: el territorio.
En Pacho, la Hacienda Cuernavaca quedó vinculada, según CISA, a organizaciones que trabajan en educación comunitaria, construcción de paz y seguridad alimentaria.
No hace falta exagerar el alcance del caso para encontrar su importancia.
Un inmueble que forma parte de los activos administrados por el Estado puede tener una utilidad que no se limita a su valor contable o comercial.
Puede convertirse en un espacio relacionado con una actividad social.
Y esa posibilidad cambia la pregunta.
Ya no se trata únicamente de “¿cuánto vale este inmueble?”
También puede preguntarse:
“¿Qué valor puede generar este inmueble para el territorio?”
Una estrategia que también habla de vivienda
El enfoque social de los inmuebles aparece en otros resultados del balance.
CISA reportó un proyecto de vivienda transitoria en Santa Marta que benefició a 29 hogares, acompañado de redes comunitarias de apoyo y una perspectiva de género.
También informó que, mediante la transferencia de 53 inmuebles, benefició a 697 hogares y 1.394 personas que, según la entidad, durante años carecieron de seguridad jurídica sobre los predios que habitaban.
Son casos distintos.
Pero tienen un elemento común: la movilización de inmuebles como parte de una estrategia de gestión social.
Esto permite observar que el concepto de activo público puede tener más de una dimensión.
El desafío: demostrar el impacto
Aquí conviene hacer una pausa.
El balance de CISA presenta cifras de beneficiarios y describe las iniciativas desarrolladas.
Pero la nota no ofrece indicadores de largo plazo que permitan medir, por ejemplo, cómo cambió la situación económica de las organizaciones, cuántas personas fueron atendidas posteriormente por sus programas o cuál fue el impacto social acumulado de Hacienda Cuernavaca.
Por eso, el artículo no puede afirmar que el inmueble haya solucionado definitivamente los problemas de las comunidades vinculadas.
La información disponible permite decir algo más preciso:
CISA reportó que el inmueble fue entregado a organizaciones dedicadas a educación comunitaria, construcción de paz y seguridad alimentaria.
Y ese hecho es suficientemente relevante para abrir una conversación.
¿Puede el Estado administrar sus activos con una lógica diferente?
El caso de Hacienda Cuernavaca plantea una posibilidad.
Los bienes públicos pueden ser administrados teniendo en cuenta no solamente su condición de activos, sino también las oportunidades que pueden generar cuando se movilizan de manera estratégica.
CISA reportó que sus activos bajo administración aumentaron 44,75 % entre 2022 y 2025, hasta alcanzar $411.147 millones. Según la entidad, este crecimiento consolidó una mayor capacidad para administrar estratégicamente los bienes del Estado.
Ese crecimiento hace todavía más relevante la pregunta sobre el destino y el uso de esos activos.
Porque administrar más bienes también significa enfrentar una pregunta de gestión:
¿Cómo conseguir que esos activos produzcan el mayor valor posible para el Estado y para la sociedad?
La experiencia de Hacienda Cuernavaca muestra una de las respuestas que CISA ha intentado desarrollar: la movilización de inmuebles con una perspectiva de valor compartido.
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