CISA reportó la transferencia de 53 inmuebles que beneficiaron a 697 hogares y 1.394 personas que, según la entidad, durante años carecieron de seguridad jurídica sobre los predios que habitaban.
Para una familia, tener un lugar donde vivir no siempre significa tener completa seguridad sobre ese lugar.
Puede existir una diferencia enorme entre habitar un inmueble y contar con seguridad jurídica sobre él.
Esa diferencia aparece en uno de los resultados de gestión social reportados por la Central de Inversiones S.A. (CISA) durante el período 2022-2025.
De acuerdo con la información suministrada por la entidad, se realizó la transferencia de 53 inmuebles, beneficiando a 697 hogares y 1.394 personas que, durante años, habían carecido de seguridad jurídica sobre los predios que habitaban.
La cifra puede parecer pequeña frente al tamaño de la gestión de activos públicos.
Pero detrás de ella hay una realidad concreta: cientos de hogares que pasaron por un proceso de formalización de los inmuebles que habitaban.
El problema no siempre es tener una vivienda
Cuando se habla de acceso a vivienda, normalmente la conversación gira alrededor de conseguir un lugar para vivir.
Pero existe una segunda pregunta:
¿Quién tiene seguridad jurídica sobre ese lugar?
La información de CISA describe precisamente esa situación.
Según el balance, los 53 inmuebles transferidos beneficiaron a hogares y personas que durante años carecieron de seguridad jurídica sobre los predios que habitaban.
El proceso de formalización aparece así como una dimensión diferente de la vivienda.
No se trata solamente del espacio físico.
También está relacionada con la situación jurídica del inmueble.
53 inmuebles, 697 hogares y 1.394 personas
Los números permiten dimensionar el alcance de esta acción.
CISA reportó:
- 53 inmuebles transferidos.
- 697 hogares beneficiados.
- 1.394 personas beneficiadas.
La entidad incluyó este resultado dentro de su Ruta de Gestión Social, estrategia implementada desde 2023 y que contempla mecanismos como arriendo social, cesión a título gratuito y venta directa a ocupantes.
La formalización de estos inmuebles representa, dentro de ese modelo, una manera de abordar situaciones que llevaban años sin una solución jurídica definitiva.
Cuando la seguridad jurídica también es parte de la vivienda
Hay una idea que suele quedar fuera de la conversación sobre vivienda:
tener una casa y tener certeza sobre la propiedad de esa casa no son necesariamente la misma cosa.
La nota de CISA no desarrolla las circunstancias particulares de cada uno de los 697 hogares ni explica el procedimiento jurídico específico seguido en cada caso.
Por eso, no sería correcto atribuir a todos los beneficiarios las mismas condiciones o dificultades.
Lo que sí establece el documento es que se trataba de hogares que durante años carecieron de seguridad jurídica sobre los predios que habitaban y que la transferencia de 53 inmuebles benefició a 697 hogares y 1.394 personas.
Esa precisión es importante.
Porque una historia periodística responsable debe contar lo que se conoce, sin inventar lo que la fuente no explica.
El punto ciego: una vivienda también necesita certeza
La discusión sobre vivienda suele medirse en número de casas construidas, entregadas o financiadas.
Pero la experiencia reportada por CISA introduce otra variable:
la seguridad jurídica.
Una familia puede necesitar no solamente un lugar donde vivir, sino también claridad sobre la situación del inmueble que habita.
En ese sentido, la formalización agrega una dimensión patrimonial a la política de vivienda.
Y allí aparece una pregunta interesante:
¿Cuánto valor tiene una vivienda si la familia que la habita no tiene certeza jurídica sobre ella?
La nota no responde directamente esta pregunta.
Pero el hecho de que CISA haya incluido la transferencia de 53 inmuebles dentro de su gestión social permite observar que la formalización es una parte relevante de la estrategia reportada.
La gestión social detrás de los inmuebles
La transferencia de estos inmuebles no fue presentada por CISA como un hecho aislado.
Hace parte de una Ruta de Gestión Social implementada desde 2023, que según la entidad ha beneficiado a 830 hogares y cinco organizaciones sociales.
La ruta contempla diferentes mecanismos:
Arriendo social, para desarrollar soluciones concertadas de uso de inmuebles.
Cesión a título gratuito, dentro de las alternativas de gestión social.
Venta directa a ocupantes, mecanismo mediante el cual CISA reportó beneficios para 69 hogares y 311 personas, facilitando su acceso a subsidios, crédito formal y programas de mejoramiento habitacional.
Esto muestra que la gestión social de los inmuebles no se limita a una única modalidad.
Existen diferentes alternativas dependiendo de las situaciones contempladas por la entidad.
De un activo público a una solución concreta
Aquí aparece el elemento empresarial de la historia.
Los inmuebles administrados por el Estado son activos.
Pero un activo también puede tener una función social.
El balance de CISA explica que su fortalecimiento financiero estuvo acompañado por una apuesta para ampliar el impacto social mediante estrategias innovadoras de movilización de inmuebles y generación de valor compartido.
La transferencia de 53 inmuebles puede leerse dentro de esa lógica.
El activo no desaparece.
Lo que cambia es la manera en que se gestiona y el resultado que puede generar para quienes están relacionados con él.
¿Por qué importa para una familia?
Porque la seguridad jurídica puede cambiar la relación que un hogar tiene con el inmueble que habita.
En el caso reportado por CISA, la entidad señala que los hogares beneficiados habían carecido durante años de esa seguridad jurídica.
No conocemos, a partir de la nota, qué ocurrió individualmente después con cada familia.
No sabemos si todos los hogares accedieron a crédito, si realizaron mejoras o si aumentó el valor de sus inmuebles.
Y es importante no afirmarlo.
Lo que sí sabemos es que 697 hogares y 1.394 personas fueron beneficiados mediante la transferencia de 53 inmuebles, de acuerdo con la información suministrada por CISA.
La pregunta que deja este resultado
La historia de estos 53 inmuebles permite ampliar la conversación sobre los activos públicos.
La gestión estatal no necesariamente termina cuando un inmueble está identificado y administrado.
También puede implicar encontrar mecanismos para que ese activo tenga una utilidad concreta para las personas y comunidades.
En este caso, la nota reporta una acción que benefició a 697 hogares y 1.394 personas que durante años carecieron de seguridad jurídica sobre los predios que habitaban.
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