La Central de Inversiones S.A. presentó su balance de gestión 2022-2025, un período en el que reportó crecimiento de sus indicadores financieros y una mayor capacidad para administrar estratégicamente activos del Estado.
Cuando se habla de proteger los recursos públicos, la conversación suele concentrarse en el presupuesto, el gasto o el control de las finanzas estatales. Pero hay otra dimensión menos visible: qué hace el Estado con los activos que ya tiene y cómo los administra para conservar y generar valor.
En esa conversación aparece CISA.
La Central de Inversiones S.A. (CISA) presentó el balance de su gestión correspondiente al período 2022-2025, en el que destacó el crecimiento de su patrimonio, sus ingresos, su utilidad neta, el EBITDA y los activos bajo administración.
De acuerdo con la información entregada por la entidad, entre 2022 y 2025 sus activos bajo administración aumentaron 44,75 %, hasta alcanzar los $411.147 millones. Según CISA, este crecimiento consolidó una mayor capacidad para administrar estratégicamente los bienes del Estado.
Pero ¿qué tiene que ver esto con la protección de los recursos públicos?
La respuesta está en entender que administrar activos del Estado también es una forma de cuidar el patrimonio público.
¿Qué es CISA?
CISA es la Central de Inversiones S.A., entidad que en su balance de gestión reporta resultados relacionados con la administración estratégica de bienes y activos del Estado.
Durante el período 2022-2025, la entidad reportó un crecimiento de 18,57 % en su patrimonio, que pasó de $222.582 millones en 2022 a $263.917 millones en 2025.
También registró un aumento de 57,59 % en sus ingresos y un crecimiento de 167,43 % en la utilidad neta, que cerró 2025 en $30.679 millones.
Otro de los indicadores destacados fue el EBITDA, que pasó de $10.422 millones en 2022 a $36.818 millones en 2025, un crecimiento acumulado de 253,27 %.
Estas cifras permiten poner en contexto la función de CISA: la administración de activos públicos no es solamente una tarea operativa. También tiene una dimensión financiera que puede reflejarse en los resultados de la entidad.
¿Y qué papel juega la cartera?
Aquí aparece uno de los datos más relevantes del balance.
CISA reportó que el saldo de capital de cartera alcanzó en 2025 su nivel más alto del período, con un crecimiento de 117,26 %.
La cartera, dentro de este contexto, debe entenderse como parte de los recursos y activos que requieren gestión.
Por eso, hablar de recuperación de cartera no debería reducirse a la idea de «cobrarle a los deudores». Desde una perspectiva de gestión pública, el asunto de fondo es cómo se administran las obligaciones y activos que están bajo responsabilidad de una entidad estatal y cómo se busca preservar su valor.
La nota de CISA, sin embargo, no detalla el procedimiento específico utilizado para la recuperación de cartera, por lo que no sería correcto atribuirle en este artículo mecanismos de cobro, acuerdos, tasas, plazos o estrategias que no aparecen en el documento.
Una cifra que requiere precisión
La nota suministrada por CISA registra el saldo de capital de cartera como “$1.600.809.057 millones” y señala que corresponde a un crecimiento de 117,26 %.
Por rigor periodístico, recomendamos confirmar con CISA la unidad exacta de esta cifra antes de publicarla, debido a la magnitud del valor tal como está expresado en el documento original.
El porcentaje de crecimiento, por su parte, sí aparece expresamente en la información suministrada.
Proteger recursos públicos también significa administrarlos
El punto importante no es únicamente cuánto dinero recupera una entidad.
También importa qué tan eficientemente administra los activos que están bajo su responsabilidad.
En el caso de CISA, el balance muestra que el crecimiento de los activos bajo administración estuvo acompañado por mejores indicadores financieros. El patrimonio creció 18,57 %, los ingresos 57,59 %, la utilidad neta 167,43 % y el EBITDA 253,27 % entre 2022 y 2025.
Además, la entidad reportó un cambio en su modelo de operación basado en la transparencia de la gestión y en la eficiencia operativa, indicador que pasó del 11 % al 25 %.
Es decir, la protección de los recursos públicos no aparece únicamente relacionada con la cartera. Forma parte de una gestión más amplia de activos, información, eficiencia y resultados.
La tecnología también entra en la ecuación
La administración de activos públicos requiere saber qué bienes existen, dónde están y cuál es la información disponible sobre ellos.
Por eso, uno de los desarrollos reportados por CISA durante el período fue Ziruma, su Sistema de Información Geográfica (SIG).
Según la entidad, esta plataforma reúne, procesa, almacena, analiza y visualiza en un solo lugar los datos relevantes de los activos públicos administrados por CISA y los relaciona con su ubicación geográfica exacta. Además, está abierta a la ciudadanía como parte de su compromiso con la transparencia y los datos abiertos.
La plataforma registra:
- 173.853 inmuebles reportados.
- 124.211 inmuebles georreferenciados.
- 116.191 inmuebles publicados en el geoportal.
- 8.020 inmuebles con reserva de publicación por la Ley de Habeas Data.
- 98,6 % de respuesta de las entidades reportantes.
Aquí aparece una idea clave: no se puede administrar correctamente aquello que no se conoce con precisión.
La información y la transparencia, por tanto, también forman parte de la gestión de los activos públicos.
Recuperar cartera sin estigmatizar al ciudadano
Hay una distinción que vale la pena hacer.
Una obligación pendiente representa un recurso que debe ser gestionado por la entidad correspondiente. Pero eso no convierte automáticamente al ciudadano que tiene esa obligación en un problema.
Las circunstancias detrás de una deuda pueden ser diferentes y el documento suministrado por CISA no presenta información suficiente para hacer generalizaciones sobre los deudores.
Por eso, hablar de recuperación de cartera desde una perspectiva responsable implica poner el foco en la gestión institucional de los recursos públicos, no en etiquetar a quienes tienen obligaciones pendientes.
La pregunta relevante es otra:
¿Cómo consigue el Estado administrar de manera responsable los recursos que están bajo su responsabilidad, sin perder de vista a las personas involucradas?
Ese equilibrio es mucho más interesante que una narrativa basada únicamente en el cobro.
El punto ciego: los recursos públicos no solo están en el presupuesto
Una de las ideas que deja el balance de CISA es que el patrimonio público no está compuesto únicamente por el dinero que aparece en un presupuesto.
También existen activos, inmuebles, cartera y otros recursos que requieren administración.
En ese sentido, proteger los recursos del Estado también implica gestionarlos, conocerlos, hacer seguimiento a su comportamiento y buscar que cumplan una función dentro de la estrategia institucional.
CISA reportó, además, un aumento de 13 puntos en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) durante los últimos dos años, ubicándose, según la nota, por encima de la media de las instituciones del Estado y del sector Hacienda.
Es otro indicador de la transformación institucional que la entidad presenta dentro de su balance.
Una gestión que conecta lo financiero con lo social
El balance de CISA no presenta los resultados financieros como un fin aislado.
La entidad también reportó iniciativas sociales relacionadas con educación, vivienda y formalización de la propiedad.
Entre 2023 y 2025, por ejemplo, CISA ejecutó el mandato del artículo 128 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, logrando la condonación de créditos educativos del ICETEX para 8.345 colombianos, por un valor de $171.821 millones.
Desde 2023, además, implementó una Ruta de Gestión Social que ha beneficiado a 830 hogares y cinco organizaciones sociales, mediante estrategias como arriendo social, cesión a título gratuito y venta directa a ocupantes.
En materia de formalización, CISA reportó la transferencia de 53 inmuebles, con beneficio para 697 hogares y 1.394 personas. A través de la venta directa a ocupantes, también reportó beneficios para 69 hogares y 311 personas.
La entidad también reportó un proyecto de vivienda transitoria en Santa Marta que benefició a 29 hogares.
Entonces, ¿cómo ayuda CISA a proteger los recursos del Estado?
El balance permite identificar varias piezas de esa respuesta.
Primero, mediante la administración estratégica de activos públicos. Entre 2022 y 2025, los activos bajo administración aumentaron 44,75 %, hasta llegar a $411.147 millones.
Segundo, mediante la gestión financiera de los recursos bajo su responsabilidad. En el mismo período, CISA reportó aumentos en patrimonio, ingresos, EBITDA y utilidad neta.
Tercero, mediante la gestión de cartera. El saldo de capital de cartera reportó un crecimiento de 117,26 % y alcanzó su nivel más alto en 2025, según la información suministrada.
Cuarto, mediante información y transparencia. Ziruma permitió reunir y visualizar información de los activos públicos administrados por CISA, con los niveles de reporte y georreferenciación señalados por la entidad.
Y, finalmente, mediante una gestión que busca conectar los resultados financieros con iniciativas de impacto social.
La pregunta que queda sobre la mesa
La discusión sobre los recursos públicos suele comenzar y terminar en cuánto dinero se recauda o cuánto se gasta.
Pero el caso de CISA plantea una pregunta más amplia:
¿Qué tan bien está administrando el Estado aquello que ya tiene?
La cartera, los inmuebles y los demás activos públicos requieren gestión. Y esa gestión debe procurar eficiencia y transparencia, pero también reconocer que detrás de algunos activos y obligaciones existen personas y comunidades.
Ese es quizás el punto más importante: proteger los recursos del Estado no consiste simplemente en recuperar dinero. También consiste en administrarlo responsablemente, conocer los activos, transparentar la información y conseguir que el patrimonio público pueda generar valor para el país.
En palabras de Nicolás Corso Salamanca, los resultados del período muestran que administrar eficientemente los activos del Estado también puede traducirse en oportunidades para personas y comunidades.
Y ahí está la verdadera discusión: no solo cuánto tiene el Estado, sino qué tan bien administra aquello que pertenece a todos.
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