Mientras muchas entidades públicas hablan de eficiencia, CISA cerró el período 2022-2025 con cifras históricas de crecimiento financiero y, al mismo tiempo, convirtió activos estatales en oportunidades para miles de colombianos. La pregunta es si este modelo puede convertirse en una nueva forma de entender la gestión pública.
¿Es posible que una entidad del Estado gane más dinero y, al mismo tiempo, genere mayor impacto social?
Durante años, la administración de los bienes públicos ha estado asociada con burocracia, procesos lentos y activos improductivos. Pero el más reciente balance de la Central de Inversiones S.A. (CISA) plantea una narrativa distinta: la de una entidad que no solo fortaleció sus indicadores financieros, sino que utilizó esos resultados para impulsar programas de educación, vivienda y formalización de la propiedad.
El mensaje que deja el cierre del período 2022-2025 es contundente: la rentabilidad pública no tiene por qué estar desconectada del bienestar ciudadano.
Un cuatrienio con muy buenos resultados financieros
Las cifras reflejan uno de los mejores desempeños financieros en la historia reciente de CISA.
Entre 2022 y 2025, el patrimonio de la entidad pasó de $222.582 millones a $263.917 millones, lo que representa un crecimiento del 18,57 %. Al mismo tiempo, los activos bajo administración aumentaron 44,75 %, alcanzando los $411.147 millones, fortaleciendo la capacidad de administrar estratégicamente los bienes del Estado.
Sin embargo, el indicador que más llama la atención es el EBITDA, que creció 253,27 %, pasando de $10.422 millones en 2022 a $36.818 millones en 2025.
A esto se suma un incremento de 167,43 % en la utilidad neta, que cerró en $30.679 millones, mientras que los ingresos crecieron 57,59 % durante el mismo período.
Otro dato refleja la dimensión del crecimiento: el saldo de capital de cartera alcanzó en 2025 los $1,6 billones, equivalente a un aumento del 117,26 % frente al inicio del periodo.
Pero las cifras, por sí solas, cuentan solo la mitad de la historia
El verdadero diferencial del balance está en lo que CISA hizo con esa capacidad financiera.
Entre 2023 y 2025, la entidad ejecutó el mandato del artículo 128 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para la condonación de créditos educativos del ICETEX.
El resultado fue la condonación de obligaciones para 8.345 colombianos, por un valor cercano a $171.821 millones, permitiendo que miles de personas dejaran atrás una deuda que limitaba sus proyectos de vida.
Más allá del impacto financiero, la decisión representa una intervención con efectos directos sobre la movilidad social y el acceso a nuevas oportunidades.
Los inmuebles dejaron de ser un inventario para convertirse en soluciones
Uno de los cambios más significativos fue la implementación de la Ruta de Gestión Social, una estrategia que integra arriendo social, cesión gratuita y venta directa a ocupantes para dar un nuevo uso a los activos del Estado.
Desde su puesta en marcha, la estrategia ha beneficiado a 830 hogares y cinco organizaciones sociales.
Los resultados incluyen:
- 30 hogares y 624 personas beneficiadas mediante programas de arriendo social en Bogotá, Santa Marta y Pacho (Cundinamarca).
- La entrega de la Hacienda Cuernavaca a organizaciones enfocadas en educación comunitaria, construcción de paz y seguridad alimentaria.
- La regularización de la vivienda de un adulto mayor que llevaba seis décadas ocupando un inmueble estatal.
- La transferencia de 53 inmuebles, beneficiando a 697 hogares y 1.394 personas mediante procesos de formalización.
- La venta directa de inmuebles a ocupantes para favorecer a 69 hogares y 311 personas, facilitando su acceso a subsidios, crédito formal y programas de mejoramiento de vivienda.
- Un proyecto de vivienda transitoria en Santa Marta que benefició a 29 hogares, con un enfoque de fortalecimiento del trabajo de las mujeres mediante redes comunitarias.
La transformación también ocurrió puertas adentro
El balance no solo muestra mejores resultados financieros y sociales.
Durante los últimos dos años, CISA incrementó 13 puntos en el Índice de Desempeño Institucional (IDI), ubicándose por encima del promedio del sector Hacienda y del conjunto de entidades del Estado.
Además, lanzó Ziruma, un sistema de información geográfica que integra los datos de los activos públicos administrados por la entidad.
Actualmente la plataforma reúne:
- 173.853 inmuebles reportados
- 124.211 inmuebles georreferenciados
- 116.191 inmuebles publicados en el geoportal
- 8.020 inmuebles con reserva por la Ley de Habeas Data
La información disponible alcanza un nivel de respuesta del 98,6 % por parte de las entidades reportantes.
Durante años, la conversación sobre el sector público ha girado alrededor del gasto, el déficit o la burocracia.
Pocas veces se discute el potencial que tienen los activos del Estado para generar valor económico y social simultáneamente.
El balance de CISA abre precisamente esa discusión: administrar mejor el patrimonio público no consiste únicamente en vender inmuebles o recuperar cartera. También implica preguntarse cómo esos activos pueden convertirse en educación, vivienda, formalización y desarrollo territorial.
La verdadera discusión no es si el Estado debe ser eficiente.
La discusión es qué tan grande puede ser el impacto cuando esa eficiencia se traduce en oportunidades para los ciudadanos.
Una visión que busca dejar legado
Para Nicolás Corso Salamanca, presidente de CISA, el balance resume el propósito de la gestión desarrollada durante el cuatrienio:
“Los resultados demuestran que administrar eficientemente los activos del Estado también puede traducirse en oportunidades para las personas y las comunidades. Ese ha sido el propósito de nuestra gestión y el principal legado que hoy entregamos al país.”
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